El gobierno Argentino se tambalea, por una profunda crisis interna, mientras el proceso inflacionario carcome a la población

 

Cristina Fernández...Protestas sociales

La presidenta Cristina Fernández estaba expuesta el jueves a una profunda crisis interna luego de que el vicepresidente de la república sepultara con su decisivo voto un proyecto de ley sobre un nuevo sistema de gravámenes a la exportación de granos que desde hace cuatro meses ha enfrentado al gobierno y con el sector agropecuario.

Tras solo siete meses de gobierno, la mandataria se quedó sin mayorías en el Congreso -las posee en número, pero no cuenta con su apoyo- y enfrenta el desafío de reconstituir su poder político minado por el extenso conflicto con el campo.

Pero el revés, también podría marcar un cambio positivo en el gobierno: la mandataria podría convertirlo en una oportunidad para reabrir el diálogo con los distintos sectores políticos y sociales y adoptar una gestión basada en la búsqueda de consenso que deje de lado el estilo de confrontación e imposición que hasta ahora tuvo su gobierno.

Al fin y al cabo, fue la propia presidenta quien decidió someterse a las reglas del juego democrático cuando a principios de julio envió el proyecto al Congreso para dotarlo de mayor "institucionalidad". Lo había hecho, sin embargo, creyendo que la mayoría propia en ambas cámaras haría de la sanción de la ley en un simple trámite burocrático.

Apenas pasadas algunas horas desde que el vicepresidente Julio Cobos definió la suerte del proyecto oficial votando en su contra tras un empate en el Senado, ningún integrante del gobierno se había manifestado públicamente.

Sólo el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, aliado del gobierno, aseguró: "No evalúo esto en términos de victoria o derrota... pienso que en política como en el fútbol, no siempre se puede ganar. No hay que dramatizar y hay que aprender de esta circunstancia".

Quienes sí se expresaron con fuerza fueron los líderes de una oposición, hasta ahora atomizada, que muestra nuevos bríos.

"Hay que dar una gran oportunidad a Cristina (Fernández) para que empiece una presidencia republicana, porque el cambio fue en el marco de las instituciones, con el poder simbólico enorme de una revolución en paz", dijo a periodistas la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien compitió con la mandataria en las elecciones presidenciales de octubre.

Ernesto Sanz, jefe del bloque en el Senado de la Unión Cívica Radical -partido de origen de Cobos- exhortó al gobierno a que haga "una lectura inteligente de lo que pasó".

"El gobierno necesitaba recibir un correctivo positivo y esto le puede permitir relanzarse, arrancar y mirar para los tres años y medio que le quedan y recuperar a la Argentina de este parate (estancamiento) que hemos tenido", agregó en declaraciones a Radio 10.

Cobos ya había expresado sus discrepancias con el esquema móvil de retenciones (gravámenes), que sujeta la tasa del impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional y que desde su implementación en marzo había desatado la reacción del campo, uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina, que realizó cuatro huelgas y bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento de alimentos.

Pero nadie había previsto que sería él quien tendría la última palabra.

El voto de Cobos fue una decisión extrema, pues la Constitución estipula que el vicepresidente no tiene derecho a voto a menos que haya un empate.

"Voté de acuerdo a mis convicciones y principios. Ojalá se entienda el mensaje que di... Espero que hayamos llegado a una madurez en la democracia", dijo Cobos a periodistas al salir de su casa el jueves.

El vicepresidente pertenece a la centenaria Unión Cívica Radical, históricamente opositora al peronismo, pero aceptó integrar la fórmula presidencial en el marco de la concertación plural de partidos que promovió el anterior presidente, Néstor Kirchner.

Aunque un día antes del debate en el Senado Kirchner -esposo de Fernández y cuya figura tiene decisiva gravitación en su gestión- había asegurado que el gobierno acataría la decisión del Congreso "sea cual fuere", las polémicas retenciones (gravámenes) seguirán vigentes hasta que la Presidenta no derogue la resolución que las dispuso en marzo.

BUENOS AIRES.- La presidenta peronista Cristina Fernández sufrió este jueves un importante revés político al fracasar en su intento de que el Senado convirtiera en ley el controvertido ’impuestazo’ a las exportaciones de cereales, que ha encendido las mayores protestas populares ocurridas en Argentina desde 2002, cuando el país se declaró en bancarrota.

 

Después de 18 horas de debate, ya a las 4.30 de la madrugada, los senadores rechazaron el tributo agrícola por sólo un voto de diferencia: 37 en contra versus 36 a favor. El voto que desempató la votación fue nada menos que el del vicepresidente de la República y titular del Senado, Julio Cobos, quien pidió "perdón" por votar en disidencia con el Gobierno del que forma parte.

 

"Yo creo que la Presidenta me va a entender. No puedo acompañar el proyecto del oficialismo y esto no significa que estoy traicionando a nadie" dijo Cobos -que no es de origen peronista sino del partido Unión Cívica Radical (centro)- y se esperanzó con que finalmente "la Historia me juzgará no sé cómo, pero espero que esto se entienda".

 

Las dos votaciones previas al sorpresivo vuelco de Cobos habían arrojado sendos empates de 36 a 36 voluntades entre los legisladores de la Cámara Alta. Fue una puja que calcó la división nacional en dos bandos por este conflicto que empezó el 11 de marzo último, a raíz de un decreto del ministerio de Economía decretando impuestos móviles al campo.

 

Durante todo el debate hubo dudas sobre si el Gobierno alcanzaría a reunir los votos necesarios, ya que a la mañana del miércoles cinco senadores estaban indecisos. Por la noche, al hablar en el recinto, varios legisladores debieron aclarar que no recibieron sobornos ni ’favores’ del Gobierno a cambio de inclinarse hacia la postura oficial.

 

Ya la semana pasada los diputados habían dado media sanción al proyecto por seis votos de diferencia -128 a favor y 122 en contra-. Por consiguiente hoy se frustró para el Gobierno la posibilidad de consagrar la ley de impuestos móviles a las exportaciones de cereales según sea el precio internacional. La soja, por ejemplo, tributa en estos días al fisco un 49% del total de la venta.

 

Desabastecimiento y ’cacerolazos’

La Presidenta envió el proyecto de ley -basado en el decreto que dio origen a la crisis- al Congreso de Diputados y al Senado para tratar de legitimar el alza tributaria, frente al rechazo que viene provocando en buena parte de la sociedad, traducido en huelgas rurales, cortes de carreteras, desabastecimiento de alimentos, y ’cacerolazos’ urbanos.

 

Incluso en la noche del miércoles hubo ’cacerolazos’ en los barrios Palermo, Norte y Recoleta, de Buenos Aires, y en algunas ciudades de provincias, mientras centenares de ’kirchneristas’ manifestaban frente a la sede del Senado, en pleno centro de la ciudad.

 

Las protestas vienen sucediéndose, intermitentemente, desde hace cuatro meses -dirigida por los gremios de agricultores, con el apoyo de gobernadores de provincias, alcaldes, los partidos de oposición- y desgastan a la Presidencia de Fernández de Kirchner, cuya imagen positiva se derrumbó de 52% a 26% en apenas medio año de gestión, según las encuestas privadas.

 

Junto a la caída de popularidad de la Jefa de Estado, su marido y ex presidente de la república (2003-2007), Néstor Kirchner, ha asumido el protagonismo de las iniciativas del oficialismo. Pero Kirchner fracasó, el miércoles, al retar a la oposición a medir fuerzas con actos en Buenos Aires y reunir menos de la mitad de los asistentes que sus adversarios.

 

Una potencia agrícola

La pelea del Gobierno con el campo y la oposición tuvo una raíz económica, la disputa por la renta agraria en las provincias más ricas del país: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, la fértil llanura pampeana, cultivada casi a la mitad con soja transgénica -el oro verde del siglo XXI-, maíz, trigo y girasol.

 

Argentina es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, y el tercero de ese grano. También se coloca como segundo exportador de maíz, detrás de los Estados Unidos, y cuarto en el trigo. Es decir, el país del Cono Sur es una potencia agrícola justo cuando al mundo lo sacude la crisis alimenticia.

 

Para este año se preveía una cosecha récord de soja y por eso el Gobierno de Fernández de Kirchner, ávido de recaudar fondos para el Tesoro -más necesarios que nunca ante los aumentos del gasto público, la inflación, la deuda externa de 4.000 millones de euros con los países del Club de París (España incluida)- vio el filón y subió los impuestos a las exportaciones de granos.

 

La crisis trajo desconfianza y enfrió la economía, cuya ’locomotora’ es la producción agropecuaria y la industria conexa, que en total aportan 40% del PIB y emplean al 36% de la población activa, unos seis millones de trabajadores. La inflación se disparó al 30% anual, según estudios privados, y cayeron las letras del Tesoro.

 

BUENOS AIRES.- El conflicto entre el gobierno argentino y el sector agropecuario entró en un nuevo capítulo con la decisión del Ejecutivo de introducir cambios al polémico esquema de impuestos a las exportaciones de granos.

Los cambios no fueron consensuados por el Gobierno con las organizaciones agrarias, con las que el diálogo está roto.

Estos son los principales acontecimientos del desarrollo del conflicto:

         11 de marzo: después de dos días de bloqueos a los puertos por parte de los productores agropecuarios en protesta por la prohibición de exportar trigo, el Gobierno argentino anuncia un nuevo esquema de impuestos a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz, cuya tasa varía en función de los precios internacionales de estos granos.

         12 de marzo: las cuatro entidades que agrupan a los productores agropecuarios de Argentina deciden protestar contra el nuevo esquema impositivo convocando a una huelga comercial, que implica no enviar a los mercados la producción agropecuaria.

         13 de marzo: se inicia la huelga comercial con el complemento de bloqueos de carreteras por parte de los productores rurales en varios puntos del país.

         20 de marzo: el sindicato de camioneros decide enviar representantes a los bloqueos para forzar a los agricultores a que dejen transitar a los transportes de carga.

         25 de marzo: la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pronuncia un duro discurso en el que condena la protesta y rechaza lo que califica como una "extorsión" de parte del sector rural. Sus palabras son mal recibidas por las entidades agropecuarias.

En Buenos Aires y las principales ciudades del país se escuchan "cacerolazos" para protestar contra el Gobierno. Sectores afines al oficialismo acuden a la Plaza de Mayo para impedir que manifestantes contrarios al Ejecutivo hagan sentir su disconformidad. Se producen algunos incidentes.

         26 de marzo: el Gobierno advierte que enviará a las fuerzas de seguridad a los piquetes para despejar las carreteras bloqueadas por los productores. Por la noche se vuelven a escuchar "cacerolazos" en Buenos Aires.

         27 de marzo: se siente el desabastecimiento de alimentos básicos en las principales ciudades del país. En un acto de apoyo a su Gobierno, Fernández convoca a los productores a dialogar, aunque condiciona la negociación al levantamiento de los bloqueos. La invitación es bien recibida por las cuatro entidades agropecuarias.

         28 de marzo: los productores agropecuarios deciden suspender los bloqueos y se habilita una mesa de negociación con el Gobierno, que finalmente fracasa por la falta de acuerdos. Los productores retoman los piquetes.

         31 de marzo: el Gobierno anuncia la concesión unilateral de algunas compensaciones para pequeños productores agropecuarios, quienes en la práctica quedan exentos del alza de los impuestos a la exportación. Las organizaciones agropecuarias reaccionan con cautela y ratifican la continuación de la huelga hasta el 2 de abril.

         1 de abril: agrupaciones sociales, políticas y sindicales convocan a un acto en la Plaza de Mayo de Buenos Aires en respaldo al Gobierno de Fernández. Los productores agropecuarios permiten el tránsito de camiones con alimentos perecederos, como lácteos y hortalizas.

         2 de abril: las cuatro entidades que representan a los productores agropecuarios anuncian la suspensión por 30 días de la huelga comercial y los bloqueos de carreteras para habilitar la negociación con las autoridades.

         6 de abril: el Gobierno denuncia ante la Justicia a las entidades del campo por "violar las leyes de abastecimiento y seguridad" e "impedir el normal funcionamiento del transporte", tras la huelga de 21 días y las protestas del sector.

         11 de abril: el Gobierno reanuda las conversaciones con las patronales del sector agropecuario.

         14 de abril: se fija una "agenda de trabajo" para discutir los temas coyunturales más urgentes del sector agropecuario.

         17 de abril: el Gobierno y las patronales agrarias acuerdan garantizar el abastecimiento para que bajen los precios de 13 cortes de carne populares, y levantar las restricciones para exportar el producto.

         18 de abril: el Gobierno formaliza la puesta en marcha del esquema de reintegros y subsidios para pequeños y medianos agricultores.

         30 de abril: los productores agropecuarios y el Gobierno llegan a un acuerdo para reanudar las exportaciones de carnes y trigo.

         2 de mayo: las cuatro asociaciones de agricultores resuelven retomar las protestas contra el Gobierno, aunque sin bloquear carreteras ni reanudar la huelga comercial, a la espera de negociar el tema de los impuestos a las exportaciones.

         5 de mayo: las autoridades resuelven reabrir la exportación por cupos de carne de vacuno.

         6 de mayo: las patronales agropecuarias y el Gobierno se reúnen para discutir el tema de los impuestos a las exportaciones de granos. Tras la cita, las entidades del campo aseguran que el Gobierno admitió que hubo errores en la puesta en marcha del nuevo esquema impositivo, lo cual fue desmentido horas más tarde por las autoridades, algo que irritó a los productores rurales.

         7 de mayo: después del estancamiento de las negociaciones, las entidades agropecuarias deciden no comercializar hasta el 15 de mayo granos destinados a la exportación, además de manifestarse al costado de las rutas, aunque garantizando el abastecimiento de alimentos destinados al consumo doméstico.

         15 de mayo: los productores rurales resuelven extender hasta el 21 de mayo sus protestas.

         17 de mayo: empresarios, banqueros y legisladores piden que el Gobierno y el sector rural reanuden el diálogo ante señales de hastío social por la dilación del conflicto.

         19 de mayo: las entidades rurales anuncian que a partir del 21 de mayo dejan sin efecto la no comercialización de granos para la exportación como gesto al Gobierno para reanudar las negociaciones.

         23 de mayo: el gobierno y las patronales agropecuarias retoman las negociaciones, pero la cita concluye con declaraciones oficiales de optimismo y una clara disconformidad del campo.

         25 de mayo: el sector rural convoca a cerca de 300.000 personas en la ciudad de Rosario (centro de Argentina) para reclamar la derogación de los impuestos a las exportaciones de granos.

         26 de mayo: el gobierno rompe las negociaciones con el campo por el "tono opositor" del acto en Rosario.

         27 de mayo: las entidades agropecuarias resuelven reanudar sus protestas a partir del 28 de mayo.

         28 de mayo: El campo vuelve a no comercializar granos con destino a la exportación.

         29 de mayo: el gobierno anuncia una corrección del esquema de impuestos a las exportaciones de granos, pero los cambios no satisfacen al sector rural.