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Manuel Hernández Villeta

Notas de Manuel Hernández Villeta.....Si los jueces electorales fueron seleccionados por partidos políticos, la imparcialidad es una químera

 

 

  La misión fundamental de los jueces electores es vender confianza en la población, y demostrar que pueden realizar unas elecciones abiertas  libres, democráticas y participativas. Los dominicanos tenemos muchos años padeciendo los traumas electorales, los golpes de caciques que conculcaron la voluntad popular, pero a duros tropezones, en los pasados años, esa situación se está corrigiendo. Los jueces electorales tienen por delante la obligación de demostrar capacidad para desempeñar el cargo, idoneidad y actuar sin prejuicios. Esos jueces, por su nacimiento institucional, tienen una falla, y es que fueron una recomendación directa de los partidos políticos, por lo tanto es difícil lograr que tengan una gran imparcialidad, y lo justo sería pedirle objetividad. Se hizo un escarceo con la doctora Aura Celeste Fernández, por su esposo, Guillermo Moreno, es el candidato presidencial de una fuerza polínica inexistente en la práctica, aunque tenga registro electoral. 

Pero se da el caso de que ninguno de esos jueces electorales es independiente, o surgió de la nada, sino que por el contrario es representante, protegido o señalado por un partido político,. 

 Es un tapado o un seguro electoral de algunos partidos, por lo que si actúa con imparcialidad y justeza, esa sería su mejor obligación. Por ahora, la jueza  Fernández puede seguir en el puesto, porque nadie tiene el ropaje de la imparcialidad.

 Ella se debe abstener en las pocas cosas donde pueda ser importante el grupo de su esposo.

Por demás, ninguno puede exhibir el bicornio de ser independiente. La principal obligación de la Junta Central Electoral (JCE) es garantizar la celebración de unas elecciones libres y democráticas, y que esa responsabilidad no puede ser delegada  en notables.

 Es correcta la posición de la JCE de defender su espacio, y considerar que no son comisiones de la sociedad civil, ni notables, los que podrían supervigilar el proceso.

 La JCE tiene que rodearse de toda la fuerza moral, y la asistencia económica necesaria para que pueda realizar su trabajo de organizar las venideras elecciones presidenciales.

 Los jueces electorales deben actuar con el mayor comedimiento, y comprender  que dentro de sus obligaciones no se encuentran los choques internos, y enfrentamientos innecesarios.

 Con sus actuaciones, tienen que actuar de cara al sol, correspondiendo con la máxima jurídica de que los jueces hablan por sentencia. Sobre el proceso de inscripción en el registro civil se tiene que trabajar a corto y largo plazo, para lograr que a cada dominicano se le entregue su acta de nacimiento, cuando salga del centro de maternidad donde nació.

 Se puede trabajar a tiempo completo con las declaraciones tardías y otras formas de dotar de identificación a los dominicanos, pero el mejor mecanismo es proveerlos de su acta de nacimiento desde el hospital o la clínica.

 En el desarrollo de los programas para dotar de  actas de nacimiento a los dominicanos, deben participar todas las instituciones y partidos nacionales, y desde luego la institución supervisora, que es la JCE.

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